Continúa proceso contra Sigfrido Reyes

La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador rechazó la petición de los abogados del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, que solicitaron la anulación de la acusación penal en su contra y confirmó el proceso penal por lavado de dinero, estafa agravada y peculado.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, los abogados defensores, Pedro Cruz y Lourdes Hernández, adversaron la resolución del Juez Sexto de Instrucción de San Salvador, quien resolvió “declarar sin lugar la excepción dilatoria por falta de acción solicitada” y a su vez, el Juzgador autorizó continuar con la fase de instrucción del proceso.

Los profesionales intentaron que se anulara el proceso penal, bajo el argumento de la doble persecución en contra de su defendido, ya que actualmente se le sigue otra causa por la vía civil por enriquecimiento ilícito. Al rechazar la petición de la defensa, la Cámara Tercera les dejó en claro que el proceso penal es independiente al civil.

Además, los magistrados dieron la razón a la Fiscalía, en el sentido de que el proceso penal emprendido es conforme a un procedimiento legal y fundamentado y no existe doble persecución al tiempo que avaló que continúe en la etapa de instrucción.

Reyes Morales está acusado judicialmente desde enero pasado, por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada, junto a otras 13 personas, entre familiares y amigos.

El pasado viernes 10 de enero, el fiscal general de la República, Raúl Melara, reveló que el exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, sería acusado de lavar unos $6 millones.

La investigación fiscal tiene que ver con la compra de cinco terrenos que hizo la sociedad Terrenos e Inversiones S.A. de C.V. (Terrein), propiedad del exdiputado efemelenista y de su asesor legislativo, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a un precio bajo.

Además, la fiscalía también explicó que detectaron que el exdiputado Reyes se apropió de unos $106,000 a través del cobro de viáticos de unos 56 viajes, y supuestas misiones oficiales en la Asamblea Legislativa.

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